El único camino hacia el desarrollo de México pasa por el conocimiento

Recomendaciones para el futuro Presidente de México

Arturo Menchaca Rocha
Presidente de la Academia Mexicana de Ciencia

No podemos esperar un cambio,
si seguimos haciendo lo mismo
Albert Einstein

Ante la próxima renovación en la titularidad del Ejecutivo Federal en el año
2012, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) invita a aquellos que aspiran
a tan importante responsabilidad a considerar los siguientes cuatro elementos
fundamentales: mejorar la calidad de la educación básica en ciencia, incrementar
la producción y la calidad de los recursos humanos del más alto nivel
para Ciencia y Tecnología (CyT), dar mayor prioridad gubernamental a ese
sector, y aumentar la inversión correspondiente. Se trata de dar a México una
oportunidad real de tener un desarrollo científico-tecnológico adecuado que le
posibilite convertirse en una sociedad más justa, equitativa y educada.

Mejorar la calidad educativa

La educación básica ha sido tema prioritario de nuestros gobiernos federales
desde siempre, siendo México el país de la OCDE que hoy destina la mayor
fracción del gasto público a ello (Fig. 1). En la actualidad tenemos una cobertura
casi total en el nivel básico (Fig. 2). El siguiente paso debe ser aumentar
la calidad de esa educación. En particular, es preocupante que nuestro país
ocupe el penúltimo lugar en la escala PISA en ciencia (Fig. 3). Una educación
primaria y secundaria de mala calidad impacta gravemente en los ciclos
educativos superiores y limita seriamente la competitividad tecnológica. Reconociendo
la complejidad del problema, numerosas instituciones en México,
incluida la AMC, hacen esfuerzos por avanzar en este rubro ofreciendo apoyo
a profesores y alumnos, utilizando para ello recursos públicos y privados. Sin
embargo, la magnitud del problema (más de 30 millones de alumnos y cerca
de dos millones de maestros) es tal, que los logros de estos programas son siempre
parciales y locales. Atacar este asunto de raíz requiere una nueva visión
de la educación básica, que ponga un mayor énfasis en el razonamiento que
en la memorización.

Propuesta

La primera premisa es que una población educada, especialmente en ciencia,
es prerrequisito fundamental para aspirar a un desarrollo científico-tecnológico
propio. Tratándose del mayor proveedor de este servicio, corresponde al
sector público enfrentar el problema con una visión de Estado. Un gobierno
que quiera tener un impacto mayor en la calidad educativa debe implementar
un programa agresivo para mejorar la situación actual. La experiencia de la
AMC en el tema indica que se requiere iniciar por la educación misma de los
profesores, revisando los programas desde el nivel de la educación Normal.
Se requiere, así mismo, implementar un sistema efectivo e independiente de
certificación permanente de los maestros, a escala nacional, estimulando la
excelencia en la enseñanza.

Aumentar los recursos humanos de alto nivel en ciencia y tecnología

Otro índice preocupante para México es el bajo número de investigadores
científicos y tecnólogos con que cuenta (Fig. 4), así como la baja velocidad
a la que esta comunidad se reproduce (Fig. 5). Este problema nace de una
oferta educativa que disminuye progresivamente a medida que se avanza en
los estudios (Fig. 2), pasando de coberturas cercanas al 100% en la educación
básica, a un 60% en la educación media, y a un 30% en la educación superior,
lo que es claramente inconsistente con los cambios en el perfil poblacional
actual del país.
Más allá de la cobertura, en el nivel educativo más alto —maestría y doctorado—
también existe una baja eficiencia de las instituciones educativas, en
parte debida a una política gubernamental reciente de congelamiento virtual
de plazas para investigadores en instituciones públicas que desanima a los
jóvenes interesados en optar por carreras en ciencia y tecnología. Hay que
admitir que CONACYT ha impulsado un progreso considerable en fomentar
niveles educativos más altos y de mayor calidad, a través de sus políticas de
becas, de estandarización de programas educativos y de mejora en la eficiencia
terminal. Sin embargo, aún estamos lejos de las metas que pondrían al país
en los niveles que corresponden a su economía. Concretamente, hoy en día se
otorgan cerca de 3,000 doctorados al año en México (Fig. 6) y esto equivale
a la mitad de la producción per cápita de Brasil (Fig. 7). El reto de aumentar
en este rubro también involucra esfuerzos en dos frentes. Uno de ellos es incrementar
la eficiencia de las instituciones de educación superior para formar doctores.
Baste recordar que sólo uno de cada 10,000 jóvenes llega al nivel más
alto de educación (Fig. 2), probabilidad que tristemente coincide con aquella
de ganarse la lotería. Una meta sexenal alcanzable es duplicar este número,
igualando así la producción per cápita de Brasil (Fig. 7). Se trata de pasar de
un doctorado por cada 100 estudiantes de licenciatura, a dos. El otro frente
consiste en procurar la contratación de esos egresados, para evitar pérdidas
y fuga de cerebros. Naturalmente, este último rubro no puede quedar a cargo
exclusivo del Estado, debiendo participar cada vez más la Iniciativa Privada
(IP). Sin embargo, el ya mencionado informe de la OCDE muestra claramente
que la IP mexicana tiene poco interés en la innovación y la generación de
nuevas tecnologías (Fig. 8). En consecuencia, aunque sería deseable, hoy en
día la IP no representa una fuente importante de empleo para recursos humanos
con doctorado (Fig. 9), lo que sólo refleja la debilidad de sus programas de innovación.
Así, vemos que la política actual de virtual congelamiento de plazas
para investigación en el sector público ha generado una caída dramática en
el número de los ex becarios de CONACYT que ingresan al Sistema Nacional
de Investigadores, o SNI (Fig. 10), pasando de 850 en el año 2000, a 109 en
2007. También vemos que en fechas recientes el SNI crece en poco más de
1,000 miembros al año (Fig. 11), lo que comparado con los 3,000 doctorados
anuales (Fig. 6), implica que cerca de 2,000 jóvenes doctores no encuentran
trabajos adecuados a su grado, es decir, la investigación y/o la formación de
recursos humanos de alto nivel.

Propuesta

Nuestra segunda premisa es que el país requiere urgentemente de la creación
de nuevos polos de desarrollo tecnológico, con sus respectivos centros
de investigación públicos y privados. El objetivo es dar un mayor acceso a la
empresa mexicana a las nuevas tecnologías, a nivel regional y nacional. Sin
embargo, esta visión de un México triunfador resulta inviable en el corto plazo
si no se prevé la producción de los recursos humanos en los niveles más altos
(maestría y doctorado), por el tiempo que esto último requiere (2-6 años). Un
gobierno que aspire a hacer un cambio efectivo en este rubro, debe iniciar por
incrementar la oferta educativa en los niveles medio y superior, adaptándola a
la realidad poblacional actual del país. No menos importante, atendiendo a
recomendaciones nacionales e internacionales, se debe enfrentar con mayor
eficiencia la formación de esa fuerza de trabajo altamente calificada, es decir,
maestría y doctorado. Este nivel educativo, para ser de calidad, debe estar íntimamente
ligado a la investigación científica y tecnológica.

Mayor prioridad gubernamental para la ciencia y la tecnología

Es un hecho que en la última década la atención del Gobierno de México
hacia la CyT ha disminuido. En 2002 se promulga la Ley de Ciencia y Tecnología
(Enlace 1), que constituye al Consejo General de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico (Capítulo II, Artículo 5) como el órgano que define la
política del Estado en la materia, y que debe reunirse dos veces al año (Capítulo
II, Artículo 7). Sin embargo, éste sólo se reunirá tres veces en el sexenio
2000-2006, y una vez más en los cinco años que lleva el actual. Otro ejemplo
es que durante la primera mitad del periodo presidencial de Vicente Fox sus
informes anuales trataban a la CyT como un “tema” dentro de la “categoría”
de Desarrollo Humano y Social (Enlace 2). Sin embargo, durante la segunda
mitad de ese gobierno, la CyT cae al nivel de “subtema”, dentro de la misma
categoría (Enlace 3). En el presente sexenio, la ciencia y la tecnología siguen
apareciendo a nivel de subtema, pero ahora asociadas a la categoría de
Economía Competitiva y la Generación de Empleo (Enlace 4). En la práctica,
la reorganización de la Secretaría de Educación Pública ocurrida en 2005
(Fig. 12), eliminó la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica
así como la de Educación Superior e Investigación Científica, sin crear nada
equivalente en la Secretaría de Economía, que desde entonces se encarga de
la tecnología y a la innovación a través de su Subsecretaría de Competitividad
y Normatividad, desapareciendo así las palabras “ciencia” y “tecnología” del
organigrama. De lo anterior se deduce que los gobiernos recientes pasaron de
una CyT directamente vinculada con la educación, a un organigrama que sólo
considera el potencial económico de la tecnología, sin ciencia. Esto se deriva
del intento de unificar a la ciencia y a la tecnología en alguno de esos dos
sectores cuando, en la práctica, la primera está más relacionada con la educación,
mientras la segunda lo debería estar más con la economía. Si bien la
vinculación ciencia-tecnología es deseable, cada uno de esos sectores (educación
y economía) tiene un interés desequilibrado en una o en otra, exacerbado
en los últimos años. Así, el propósito reciente por generar innovación (y empleo)
a partir de la tecnología, deja aparentemente a la ciencia básica como un
espectador no-bienvenido, lo que genera más tensión que colaboración, entre
científicos y tecnólogos. En realidad lo que se requiere es reconocer la importancia
estratégica de la CyT definiéndola como un sector en sí misma, es decir,
dándole un nivel de Administración Pública que le permita un contacto igualitario
entre su organismo gestor y los sectores de educación y de economía.

Propuesta

La tercera premisa es que un verdadero cambio en CyT en México no se puede
lograr sin darles una ubicación más preponderante en el organigrama del
Poder Ejecutivo de la Unión, instituyendo una Secretaría de Estado para este
ramo, como han hecho varios países del orbe, como Brasil, Argentina, Uruguay,
España, Venezuela y Cuba, entre otros. Esta nueva Secretaría debe elevar
a nivel subsecretarial el fomento a la formación de recursos humanos de alto nivel,
así como retomar las problemáticas asociadas al fomento de investigación
científica, incluyendo al SNI, en otra subsecretaría. También se debe reconocer,
en un nivel subsecretarial independiente, las importantes diferencias que existen
entre la investigación tecnológica, por un lado, y la innovación y la competitividad,
por el otro. Por lo expuesto anteriormente, algunas de estas subsecretarías
deberían tener una estrecha colaboración con las Subsecretarías de Educación
Media y Superior de la SEP, mientras las otras lo harían con las secretarías
consumidoras de tecnología (SEDENA, SEMAR, SE, SSP, SCT, SEMARNAT, SENER
y Salud), así como con los Gobiernos de los Estados.

Mayor inversión en Ciencia y Tecnología

Con sus 112 millones de habitantes, México es el 11º país en ese rubro, así
como la 14ª potencia económica. Sin embargo, la Inversión Pública en Ciencia
y Tecnología (IPCYT), como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se
ha mantenido estancada en 0.35% (+ 0.05%) durante las últimas tres décadas
(Fig. 13), colocándonos por debajo de la media entre los países latinoamericanos
y del Caribe (0.6%); en particular de Brasil (1%), Chile (0.7%) y Argentina
(0.5%), así como entre los dos últimos lugares de la OCDE. Las estadísticas
mostradas en el informe 2009 de ese organismo sobre México, al comparar
con el comportamiento económico de sus otros países miembros, muestran que
existe una clara correlación entre la IPCYT y el PIB (Fig. 14). Así, la baja tasa de
crecimiento del PIB mexicano (Fig. 15) en las mismas tres décadas puede considerarse
como un ejemplo típico de esa correlación. Es decir, si se invierte poco
en CyT, se crece poco. Por lo mismo, la primera recomendación de la OCDE
es hacer “un reconocimiento político sobre la importancia de las inversiones
relacionadas con la generación de conocimiento, que se refleje en un financiamiento
apropiado”. A falta de ello, hay variables económicas en las que,
más que estancados, hay muestras claras de que retrocedemos. Por ejemplo, el
índice de cobertura tecnológica de México (cociente entre lo que exportamos
sobre el volumen global de las transacciones) ha disminuido de 0.24 a 0.04 en
la última década (Fig. 16). Es decir, tratándose de tecnología, hoy compramos
el 96% y vendemos el 4%.

Propuesta

La cuarta premisa es que, para ganar hay que invertir. Así, un cambio que
verdaderamente impacte en la economía mexicana debe considerar el alejamiento
de las políticas de IPCYT de los últimos regímenes presidenciales, haciendo
caso a las recomendaciones nacionales e internacionales sobre este
punto. Concretamente, se propone incrementar la IPCYT hasta llegar al 1% del
PIB, como establece la Ley de Ciencia y Tecnología (Enlace 1). Si la pregunta
es ¿en qué se invertirían esos recursos? la respuesta está en cada uno de las
tres propuestas anteriores: lograr una mejor educación científica y tecnológica
ligada a la investigación y a la educación superior, duplicar la producción de
graduados con doctorado aumentando su contratación y construyendo con
ellos los nuevos centros de investigación científica y tecnológica que requiere
el desarrollo económico del país, y canalizando los recursos necesarios para
becas y proyectos a través de la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología.

El documento completo de las recomendaciones de la Academia Mexicana de Ciencias lo encuentras aquí.

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